Debates Desarrollo Urbano

Ley de aportes al espacio público o la reforma silenciosa.

Joan Saavedra / Presidente Comisión de Desarrollo Urbano

Le tocó el turno a las ciudades. El parlamento despachó la cuarta reforma de profundo alcance al sistema que en los últimos cuarenta años ha moldeado a la sociedad chilena y, en este caso, su entorno urbano.  Presenciamos la discusión y largo debate en torno a la reforma tributaria, posteriormente la eliminación del binominal, y lejos la más conocida y mediática, la reforma educacional.

Al promulgarse la nueva política nacional de desarrollo urbano era necesario realizar las adecuaciones necesarias en materia legislativa, persiguiendo los principios y objetivos trazados por este esfuerzo colectivo de amplio consenso. Se conforma el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), instancia que elaboró una propuesta de política de suelo para la integración social, con medidas precisas que van al corazón de las desigualdades urbanas. Hoy, el Consejo está elaborando propuestas en materia de planificación urbana integrada, cambiando la manera tradicional de enfrentar la planificación clásica.

Como muchos colegas Arquitectos y Urbanistas conocen, la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) es el marco jurídico con el cual se diseñan y construyen nuestras ciudades. Para bien o para mal, se podrían decir, el desarrollo urbano resultante ha evidenciado un vacío en materia de equidad, grandes construcciones aportan poco en su entorno, deterioran barrios al consumir su malla vial, presionan al espacio público con mayor uso, lo que suele ser un evidente problema para los residentes y municipios.

La pregunta es cómo resolverlo. Usted pensará que lo más lógico es que cada nuevo desarrollo inmobiliario contribuya a equilibrar los efectos negativos que pueda traer al lugar donde se emplace. Que lo deseable, entonces, es que sean más un aporte a la vida urbana que un dolor de cabeza. En la mayoría de los casos esto no sucede, sin embargo, hemos visto como proyectos bajan y parcializan la dotación de estacionamientos exigidos, saltándose  realizar un Estudio de Impacto Vial y las evidentes mitigaciones asociadas. Esto finalmente mató la gallina de los huevos de oro dándole la razón a los impulsores de esta reforma.

Argumentos y ejemplos que llevan años discutiéndose, lograron consensuar un punto sumamente relevante en la discusión urbana; propender al equilibrio entre el desarrollo urbano y la escala barrio – ciudad existente.

De manera silenciosa, se fue gestando esta reforma urbana con un concepto más ambicioso que la mera regulación de impactos viales, se convirtió en una herramienta equitativa para las ciudades, al momento que sitúa el foco en las necesidades por sobre los requerimientos.

La nueva Ley incorpora un título completamente nuevo dentro de la LGUC, estableciendo el mecanismo con el cual se tramitarán los proyectos que acrediten generar impactos. Se reconocen dos modalidades de desarrollo urbano, tanto por extensión mediante nuevas urbanizaciones como por densificación de la trama existente. En esta última, se incorporan dos elementos claves, la posibilidad de acordar un aporte en recursos frescos a los municipios para el estudio, diseño o ejecución de proyectos urbanos y segundo, un cambio sustancial a la gestión pública, la formulación de Planes de Infraestructura de Movilidad y Espacio Público. Toda comuna deberá contar con un plan, y para el caso de áreas metropolitanas como la de Valparaíso, un Plan Intercomunal de Infraestructura de Movilidad.

Que quiere decir esto, actualmente los municipios cuentan con dos herramientas de planificación, el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) y los Planes Reguladores Comunales (PRC). Con la incorporación de esta tercera herramienta, los Planes de Infraestructura serán la hoja de ruta en materia de proyectos que permitirán materializar lo planificado y priorizado por la ciudad, o si prefiere, la visión de ciudad.

Estos Planes de Infraestructura debieran estar vigentes a partir de agosto del 2018, ya que la Ley otorga un plazo de 18 meses para su formulación a partir de la entrada en vigencia del reglamento, el cual debiera estar en funcionamiento durante abril 2017. Por lo tanto, la administración municipal del próximo período a escrutar deberá llevar adelante esta tarea con gran responsabilidad y claridad sobre la ciudad.

Que duda cabe la necesidad de contar con esta herramienta de inversión en la planificación, pero hay que tener cuidado, puede ser un efectivo instrumento para re distribuir los estandares urbanos de movilidad y espacio público, o simplemente acrecentar esta problemática. Aspirar a que el dinamismo económico de la ciudad formal, colabore en construir la ciudad informal.

Se inicia el debate sobre las ciudades, contando con una política de desarrollo urbano, propuestas en materia legislativa y nuevas leyes que otorgan atribuciones nuevas a los municipios. Es tiempo de discutir en torno a la visión de ciudad en cada comuna y nuestra área metropolitana, prinicpalmente sus brechas de inequidad y desigualdades, porque un diagnóstico y principios errados conlleva a profundizar la segregación, muy lejos de la función social que el desarrollo urbano debiera contemplar, y que esta ley, silenciosamente, ya ha reformado.

 

 

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